Dos acusaciones a mediados de año provocaron una investigación interna, de los equipos jurídicos del Ministerio del Deporte y del IND, cuyos resultados y conclusiones ahora serán entregados al Ministerio Público para que investigue si las irregularidades y hechos detectados en transferencias de la Federación Chilena de Deportes Acuáticos (Fechida) revisten características del delito de apropiación indebida.

En julio y agosto pasado, el IND recibió dos denuncias por la utilización de recursos públicos de parte de la Fechida. La unidad de fiscalización se hizo presente en terreno y determinó que eventualmente puede existir la comisión de un delito. “Nos corresponde poner en conocimiento a las autoridades competentes, en este caso al Ministerio Público, de todos los antecedentes que dan cuenta de la no justificación en tiempo, forma y fondo de estos recursos. Ahora corresponde a esa investigación determinar y calificar si es que existe delito y de esa manera proceder a las sanciones que corresponden. Nosotros entregaremos todos los antecedentes y desde luego estamos disponibles para colaborar con la justicia”, expresó la Ministra del Deporte, Cecilia Pérez.

“Hoy es la Fedachi, pero mañana puede ser cualquier otra organización deportiva. No estamos dispuestos a esconder bajo la alfombra situaciones que revistan carácter de irregularidad y que perjudiquen directamente a los deportistas de alto rendimiento de nuestro país. Los recursos son para el desarrollo del deporte chileno; no para realizar malas prácticas que hasta pueden tener características de delitos“, enfatizó la Ministra Cecilia Pérez, en compañía del Subsecretario Andrés Otero y de la Directora del IND, Sofía Rengifo.

El monto total fiscalizado fue de 150 millones de pesos relacionados a tres proyectos: Plan de Desarrollo Estratégico Fechida 2019, Recursos Humanos Técnicos Fechida 2019 y Campeonatos Sudamericanos Juveniles Chile 2019. Del total, «son cerca de 57 millones de pesos los que no se ajustan a las rendiciones, por lo que estaríamos en presencia de un delito de apropiación indebida de recursos”, detalló la máxima autoridad del deporte.

Para evitar que haya desfalcos en el deporte, la Ministra Cecilia Pérez anunció que el Gobierno impulsará un Proyecto de Ley sobre Probidad e Integridad Deportiva, «el que esperamos sea apoyado y enriquecido por el trabajo que realicen los parlamentarios de la Comisión de Deportes que preside el diputado Jaime Mulet». El proyecto de ley tendrá tres objetivos: Tipificar como delito la corrupción deportiva o la incitación al dopaje; establecer incompatibilidades de dirigentes que hayan tenido condenas de tribunales relacionados a mal uso de recursos públicos; y que todos los clubes, asociaciones, federaciones y estamentos que reciban recursos públicos avancen hacia la transparencia. 

“Es un desafío que todas las federaciones se acojan a ser Federaciones Deportivas Nacionales, porque así tendrán un mayor grado de auditoría y transparencia. Hoy sólo son 16, de un total de 54, las que cumplen esta característica. Como autoridades estamos disponibles a colaborar para elevar los rangos de transparencia y probidad”, explicó la secretaria de Estado.

El 95% del financiamiento del Deporte de Alto Rendimiento es financiado por el Estado. Son cerca de 50 millones de dólares los que cada año aporta el Gobierno al deporte. «Por eso es tan importante que la gestión deportiva y el trabajo de las Federaciones se realice con eficiencia, responsabilidad, profesionalismo y buena administración de los recursos públicos. Estos dineros deben utilizarse para potenciar el desarrollo de los deportistas; para masificar la actividad física; para mejorar nuestra infraestructura deportiva; para profesionalizar la gestión. Lo que no vamos a aceptar nunca es que se haga mal uso de los dineros que son para los deportistas y para el deporte. En caso como el de la Fechida o de cualquier otra federación, siempre vamos a impulsar las investigaciones que corresponda y vamos a recurrir a la Fiscalía para que se establezcan los eventuales delitos y se sancione a los responsables», concluyó Cecilia Pérez.